Podría tratarse sólo de una efeméride, si no fuera que el debate sigue abierto y le ha brotado una secuela en Ávila. Este domingo se cumplen 10 años del retorno a Catalunya del primer lote de los ‘papeles de Salamanca’, la documentación incautada tras la derrota republicana de 1939 a la Generalitat de Catalunya y a asociaciones y particulares. La llegada de cajas el 31 de enero de 2006 fue casi clandestina, como puede leerse en la crónica de aquella jornada, antes de las ocho de la mañana y sin aviso previo para despistar a periodistas y hooligans, en un contexto de gran crispación política y judicial en España y declaraciones incendiarias sobre vencedores y vencidos. Además fue un envío caótico, con inventarios controvertidos y un lento goteo de cajas que se ha prolongado durante años.
Una década después, aquella transferencia documental -alrededor de 2.000 cajas en total con cerca de un millón de documentos, según el Archivo- sigue encendiendo los ánimos en Salamanca. La asociación local Salvar el Archivo conmemoró este 19 de enero la “salida” de la primera remesa, insistiendo en la unidad e indivisibilidad del Archivo y la necesidad del “retorno” de los papeles enviados “ilegalmente” en tiempos de Zapatero y el tripartito catalán. La asociación reaviva su campaña en motivo del aniversario y ha logrado la aprobación por unanimidad de declaraciones institucionales de apoyo en el Ayuntamiento de Salamanca y las Cortes de Castilla y León. También prosigue con su batalla en los tribunales y actualmente espera la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Además, Salvar el Archivo -que acaudilla el jurista Policarpo Sánchez- ha relanzado la recogida de firmas virtuales para revertir el “saqueo” y la “profanación” de la institución. Y tras un sprint en los últimos días, ya suma más de 23.000 adhesiones. Aunque lleva meses colgada en la plataforma Change.org, la ha actualizado dirigiéndola ahora al nuevo president Carles Puigdemont, al que pide que “devuelva al Archivo de Salamanca toda la documentación que mantiene indebidamente en su poder”.
En Catalunya, la plataforma asociativa que lideró la campaña -la Comissió de la Dignitat- ha reaccionado a la declaración del parlamento castellanoleonés con otra declaración en la que defiende que ningún envío ha sido “indebido”. Denuncia que “el proceso de retorno no ha concluido, puesto que en la última transferencia en 2014 el Ministerio retuvo una parte importante de los legajos, carteles y banderas” que Ministerio de Cultura y Generalitat habían acordado transferir y digitalizar”, así como “los archivos institucionales de 41 ciudades y pueblos” -incluyendo Barcelona capital- y los fondos catalanes en París requisados en 1940 por la gestapo alemana y entregados a la embajada española.
El turno de Ávila
La reivindicación de este último lote se ha reactivado en los últimos tres años, tras ser localizados en el Archivo General Militar de Ávila, que los custodia desde 1993. Los bautizados como “papeles de Ávila” son un centenar de documentos de temáticas variadas procedentes del archivo que la Generalitat republicana se llevó al exilio tras la victoria franquista -excepto la parte que escondió en su casa Josep Tarradellas-, incluyendo cartas, discursos y borradores legislativos de Francesc Macià, Lluís Companys y Tarradellas.
Entre los documentos ya transferidos y actualmente depositados en el Arxiu Nacional de Catalunya, en Sant Cugat del Vallès, hay documentos del gobierno catalán republicano pero también de intelectuales como Antoni Rovira Virgili, Pompeu Fabra o August Pi i Sunyer, de entidades como el Ateneu Barcelonès o el diario La Humanitat y de partidos y sindicatos como ERC, PSUC, CNT-FAI y UGT.