La documentación electrónica y sus límites legales

Publicado el: 29/03/2013 / Leido: 3728 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0

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Fuente: http://www.gonzoo.com/zoom

Por: Sergio Sauce

La validez de la documentación electrónica como prueba judicial

El juez Castro ha admitido como prueba los emails que se intercambiaron Iñaki Urdangarin y su ex socio, Diego Torres. Una decisión polémica que da por válida una comunicación de la que sería muy difícil probar su autenticidad

En una década las formas de comunicación han cambiado tanto que apenas nos hemos dado cuenta. Y no sólo nosotros. Si los diferentes gobiernos se han preocupado mucho por ordenar en torno a la propiedad intelectual, poco o nada se ha avanzado en la validez real de las pruebas electrónicas.

Quizás el ejemplo más reciente sea el del proceso Palma Arena. En este caso, el juez Castro ha admitido como prueba las comunicaciones por email entre el imputado Iñaki Urdangarin y su ex socio, Diego Torres. Lo ha hecho a través de una providencia, es decir, una resolución judicial que ordena de manera especial el material que se va a usar durante el proceso.

Pero, ¿tiene validez probatoria un email? Sí y no. Por eso la decisión de Torres ha sido tan polémica. En ausencia de una firma electrónica (recordemos que en este caso, además, la correspondencia aportada está impresa, y no se conserva en soporte digital), sería necesario verificar tres hechos:

  1. Que la persona que remite el email haya sido realmente la persona que lo ha enviado.
  2. Tener constancia de que ese email ha sido realmente recibido.
  3. Que además de ser recibido por el destinatario, el email haya sido leído.

También sería oportuno demostrar que en todo este proceso, desde el envío hasta la lectura, no ha habido manipulación alguna. Lo normal es que la defensa impugne esta documentación como prueba, dado lo difícil que sería asegurar su autenticidad absoluta. Si el juez Castro da validez a estos emails es por el contexto informativo que aportan en conjunto, y que sirven para avanzar en la investigación y obtener nuevas pruebas, esta vez, demostrables al 100%.

«Aunque de los emails resultara una imputación, nunca podrían ser probados hasta el punto de sostener una condena», afirma Jacobo Von Leeuwen, consejero delegado de Evicertia, una empresa que se dedica a la seguridad de la documentación digital

La estafa de las preferentes

Otro caso de actualidad relativo a la validez de ciertos documentos es la conocida como estafa de las preferentes. Bankia comercializó hace unos años un producto bancario, las preferentes, que se ofreció a muchos de sus entonces clientes. Lo que estos no sabían eran las verdaderas condiciones, pocos leyeron la letra pequeña de los contratos que estaban firmando y nadie se preocupó en explicarsela.

Para Jacobo Von Leeuwen una firma electrónica tiene bastante más validez que una rúbrica en papel. Lo defiende argumentando que «en la firma convencional no existe un testigo, un tercero que pueda dar fe de la autenticidad, y normalmente no se firman todas las hojas del documento, sólo al final, ¿quién nos garantiza que no se pueda modificar el contrato a posteriori?».

«Cuando utilizamos una firma electrónica [que en España regula la Ley 59/2003], asociamos el contenido a un geoposicionamiento, a una IP, a una marca comercial registrada… En cualquier caso, lo más importante es tener un testigo».

La empresa de Jacobo trabaja, por ejemplo, tratando de verificar comunicaciones que afectan a empresas. Un proveedor no ha cobrado por un servicio y reclama el pago. Tras la denuncia, el empresario alega que no tenía constancia de esa situación, sin embargo puede existir un registro electrónico que demuestre lo contrario. «Un email es mucho más fiable como prueba que una llamada telefónica, que no queda registrada», asegura Jacobo.

Desde luego no es un método infalible. «Se puede manipular de muchas formas. Ni siquiera un registro del ordenador del receptor, donde se hallen los emails en el disco duro, sería probatorio de forma absoluta, pues siempre se puede alegar que el PC pudo ser manipulado».

Amenaza en las redes sociales

A finales de 2011, el Tribunal Constitucional afirmó en una sentencia que las imágenes obtenidas tras la grabación a una persona con cámaras de vídeo ocultas sin que antes esta haya sido advertida, vulnera su derecho fundamental a la imagen. Como consecuencia, aunque hubiese quedado registrado un delito, esta prueba sería ilícita y quedaría invalidada.

Por otro lado, está el universo Internet. En España, cerca del 40% de los jóvenes pasan más de 2 horasal día navegando en redes sociales. Su desarrollo es tan importante, que se han convertido en una especie de realidad paralela para la que sería preciso legislar de forma específica.

Un insulto o una amenaza enviada a través de Twitter, es tan denunciable como una hecha en persona. «Se deben aportar links, pantallazos y cualquier otro tipo de prueba en comisaría y a partir de ahí se emprenden las acciones judiciales pertinentes», explica Carlos Fernández Guerra, social media manager de la Policía.

«Si se trata de un delito tipificado como tal, se podría detener a la persona que lo cometa. Otra cosa es que luego el juez interprete si hay amenaza real, clara y si esta es creíble o no».

Compartir contenido ilegal, como ciertos tipos de pornografía, o archivos con derechos de autor, también sería delito, y como tal, puede ser denunciado. «El límite es lo que diga el Código Penal. Si un usuario hace apología del terrorismo en Facebook o en Twitter se le puede detener o ser imputado por ello», afirma Fernández Guerra.

 

 

Publicado el: 29/03/2013 / Leido: 3728 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0

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