La presentación de documentos ante administración no competente: validez y efectos

Publicado el: 29/01/2013 / Leido: 3497 veces / Comentarios: 0 / Archivos Adjuntos: 0

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Fuente: http://www.diariojuridico.com

Autor: Gabriel Navarro
 Jefe del Servicio de Acción Exterior del Gobierno de Aragón y colaborador de SMF Monclús Abogados.

La presentación de documentos ante administración no competente: validez y efectos

  La Constitución Española de 1978 configuró España sobre un modelo unitario descentralizado territorial, política y administrativamente en el que, junto con una colectividad estatal representada por el Estado, coexistían unidades territoriales administrativas dotadas de autonomía, caracterizada en la actualidad por la asimetría y heterogeneidad en el grado de ejercicio de la misma.

Esta organización territorial del poder, acuñada bajo la rúbrica “Estado de las Autonomías”, ha venido a establecerse sobre el juego de soberanía y autonomía, si bien, los efectos jurídicos de la potestad de autoorganización territorial han desplegado sus consecuencias más allá de las fronteras políticas –autonomistas o nacionalistas- que caracterizan el profuso debate abierto en la sociedad civil y empresarial en la actualidad.

Me refiero, evidentemente, a la configuración administrativa de la planta territorial española. Estado, Comunidades Autónomas, la clásica provincia, municipio y resto de entidades locales (veguerías, comarcas, concejos o concellos -según se prefiera-) -dotadas de personalidad jurídica propia- han venido a consolidar una difícil estructura pública para la ciudadanía.

Una personalidad jurídica, la de las Administraciones Públicas, caracterizada por ser única, originaria, superior, territorial y política, pues no debe olvidarse que los órganos jerárquicamente superiores de la Administración lo son también y al mismo tiempo del Gobierno, como en numerosas ocasiones ha sido puesto de manifiesto por la doctrina científica administrativa.

Esta organización territorial ha influido, de forma decisiva, en las clásicas relaciones entre Administración y administrado (posteriormente ciudadano y hoy cliente en el nuevo rol que éste desempeña en la nueva gestión pública directiva). Desde el reparto competencial en el juego Constitución-Estatuto de Autonomía, la iniciación, instrucción, resolución o la terminación de los procedimientos administrativos han venido siendo influenciados por la estructura territorial de organización del poder.

En este marco, el procedimiento (que venía siendo definido como un instrumento de garantía para las partes) ha resultado ser una de las piezas más afectas (que no afectadas) de la citada organización. Y lo ha sido, precisamente, como resultado de la confusión instaurada como regla general en la clase administrada respecto de qué Administración era competente, ante qué órgano debía dirigirse el escrito, cuál era la instancia jerárquicamente superior para la presentación de un recurso de alzada, qué unidad administrativa admitía la presentación de alegaciones e informes a lo largo del procedimiento, quién y cómo debía practicar la notificación…en definitiva, la relación básica Administración-ciudadano ha venido configurándose al albor de la organización jurídico-política de la planta territorial.

Y he aquí uno de los ejemplos más representativos de la confusión ciudadana de lo anteriormente expuesto: la presentación indirecta en el procedimiento administrativo. Definido el procedimiento como el curso causal de los hechos, derechos y actos del administrado y de la Administración para la conformación de la posición jurídica de las partes. Una presentación indirecta caracterizada por la recepción de documentos administrativos en órganos, de idéntica naturaleza, distintos del destinatario final.

La regulación originaria contemplada en el artículo 66 de la Ley de 17 de julio de 1958, sobre Procedimiento Administrativo (en adelante, LPA) configuraba un elenco de unidades competentes para la recepción de tales documentos. Gobiernos civiles, Ministerios, Oficinas de Correos, representaciones diplomáticas o consulares españolas…en definitiva, un conjunto de instancias donde se entendía efectiva la presentación de la documentación administrativa, cualesquiera que fuera posteriormente la remisión de la misma.

Importante desde un primer momento es dejar claro que lo verdaderamente relevante de la presentación indirecta de los documentos reside en la relación entre eficacia y validez del acto de presentación, esto es, la eficacia administrativa (entre otras) interruptora de los plazos preclusivos de la utilización de tales vías. Procedimientos de contratación, instancias o subsanaciones de empleo público, fase de justificación de subvenciones…en definitiva, cualesquiera actos de trámite (cualificados) o definitivos con la carga de derechos y obligaciones que arrastran.

El citado artículo 66 LPA fue objeto de modificación en la regulación contenida en el vigente artículo 38.4 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 30/1992) al señalar que “Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse: a) en los registros de los órganos administrativos a que se dirijan; b) en los registros de cualquier órgano administrativo; c) en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; d) n las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; e) en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes”.

Con la vigente redacción, dos cuestiones merecen ser puestas de manifiesto como relevantes: por un lado, la consolidada corriente jurisprudencial y doctrinal que entiende como garantía la presentación indirecta del escrito administrativo cualesquiera que sea el órgano competente, y, por otro, el efecto que se produce en los plazos y en la duración del procedimiento, entendiendo el momento de la iniciación del mismo a efectos de cómputo de plazo (ex art. 44 Ley 30/1992).

Cuestión distinta será la regulación que la normativa básica ofrece respecto del procedimiento de presentación de escritos antes unidades de registro administrativo y las peculiaridades en que estriba con la normativa materialmente específica al respecto.

En cualquier caso, debe manifestarse la lectura pro administrado, favor acti, in dubio pro actione…que ha tratado de salvaguardar los derechos del administrado en el procedimiento administrativo “exonerando” a éste de un riguroso conocimiento de la estructura administrativa pública española.

 

 

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