Es imprescindible avanzar en una reforma notarial
Es imprescindible avanzar en una reforma notarial
Un
sistema anticuado y que ha permanecido mucho tiempo al margen de la
modernización requiere cambios para entregar un mejor servicio al
público.
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/opinion/editorial/2012
EL MINISTERIO de Justicia propondría este año una reforma al sistema de
notarios, conservadores y archiveros judiciales, que buscaría aumentar la
transparencia en su nombramiento, mayor preparación para el desempeño de los
cargos y un control efectivo del cumplimiento de los aranceles, entregando
facultades al Sernac. Se habría descartado la idea, propiciada hasta hace poco
por el Ministerio, de licitar dichos oficios en función de las tarifas que se
ofrezcan, dado que no tendría viabilidad en el Congreso.
Si bien el sistema notarial y conservatorio ha sido capaz de garantizar en
forma razonable la fe pública -aspecto esencial que cualquier reforma debe
preservar-, obedece a un diseño que tiene 70 años de antigüedad y que ha sido
objeto de críticas fundadas por sus elevados costos y retraso, contrastando con
los avances logrados por el país en otros ámbitos y servicios. Esto hace
impostergable su modernización. Para abordarla, hay que considerar que la
situación no es la misma en las notarías que en los conservadores y archiveros
judiciales, y que las soluciones presentan grados diversos de complejidad y
factibilidad. La posibilidad de que exista una multiplicidad de notarios
facilita la competencia y hace innecesaria la licitación de la función, bastando
ampliar su número bajo las reglas existentes y asegurando siempre que exista la
posibilidad de hacer efectiva su responsabilidad patrimonial por los actos que
certifican. Esto requiere de modificaciones legales simples y pudiera tener
efectos muy positivos en las tarifas y en la calidad de atención. Es correcto
mejorar la transparencia en los nombramientos, siendo prioritario que se termine
con el uso incorrecto del mecanismo de permutas entre notarios de distinta
categoría, que se ha utilizado para transferir o heredar las notarías -lo que no
está permitido-, para lo que bastarían instrucciones precisas de la Corte
Suprema. Finalmente, habría que cambiar la cultura de exigir actuaciones
notariales innecesarias, particularmente en la administración pública, donde el
gobierno pudiera disponer instrucciones para evitar que sean requeridas cuando
no está previsto en la ley, debiendo el funcionario que interviene en la gestión
asumir la responsabilidad administrativa por las constataciones equivocadas.
Respecto de conservadores y archiveros, los registros que llevan
o la custodia de documentos que realizan, por definición, tienen un carácter
unitario y constituyen una forma de monopolio natural, que amerita un diseño más
acabado para asegurar tarifas eficientes y la prestación de servicios expeditos,
basados en tecnologías modernas. En este sentido, para hacer más fácil el cambio
deberían establecerse estándares muy exigentes en materia de eficiencia y avance
tecnológico, quedando condicionada la permanencia de los actuales titulares al
cumplimiento de dichos estándares. A medida que los cargos fueran quedando
vacantes, pasarían a ser temporales y concursados, siendo la tarifa un factor a
considerar. En general, la fiscalización debiera quedar radicada en una unidad
especializada del Poder Judicial, siendo inconveniente que se entreguen
responsabilidades paralelas al Sernac, cuyas facultades y especialidad son de
naturaleza diferente.
Lo que sería lamentable es que por intereses creados u otras consideraciones
subalternas, no hubiere espacio para hacer avances sustanciales, en un sector
que ha permanecido demasiado tiempo al margen de la modernización.
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