El Arzobispado de Rosario entregó archivos de la dictadura
El Arzobispado de Rosario entregó
archivos de la dictadura
Fuente: http://www.agenciafe.com/
El Arzobispado de Rosario entregó
formalmente un legajo de 120 fojas al juez federal Marcelo Bailaque. El
magistrado había ordenado que remitieran todos los archivos que tuvieran acerca
de la represión ilegal durante la última dictadura. La solicitud la hizo la
abogada Gabriela Durruty y uno de los objetivos era profundizar la investigación
que le cabe al ex capellán policial Eugenio Zitelli. El dossier comienza con una
misiva firmada por el arzobispo José Luis Mollaghan.
El juez federal Marcelo Bailaque recibió
en los últimos días un legajo de 120 fojas enviados por el arzobispado rosarino,
al que le había ordenado entregar todos los registros que poseyera acerca de la
represión ilegal durante la última dictadura. El pedido había sido presentado
por la abogada Gabriela Durruty y uno de los objetivos era profundizar la
investigación que le cabe al ex capellán policial Eugenio Zitelli. El dossier
comienza con una misiva del arzobispo José Luis Mollaghan que en sus párrafos
más destacados reza, "después del tiempo necesario para llevar a cabo una
búsqueda cuidadosa en la extensa documentación del archivo, puedo elevar a su
digno conocimiento, cuanto sigue". El documento afirma también que "en los
índices correspondientes al inventario del archivo no se han hallado referencias
específicas a los hechos" .
A pesar de ello el Arzobispado remite
algunas fojas de documental hallada en el "archivo físico" que ellos mismos
organizan, acorde la siguiente descripción:
-- documentación referida a Causa Feced
sobre hechos ya requeridos por la justicia
-- documentos referidos a Causa Feced
consignados en el archivo del Arzobispado
Al analizar la documentación entregada la
abogada de Familiares Gabriela Durruty manifestó: "Ante un primer análisis del
material estamos en condiciones de afirmar que resulta exiguo, incompleto y
carente de unicidad, pero indudablemente es el expreso reconocimiento de que se
poseen gran cantidad de datos que aun no se han acercado a la justicia. Estamos
analizando los pasos a seguir".
La documental acompañada se nutre
mayoritariamente de cartas dirigidas por familiares de desaparecidos al
arzobispado durante la época de comisión de los hechos, de copias de los hábeas
corpus que se presentaban ante la justicia como parte de la desesperada búsqueda
de sus seres queridos, y que eran también llevados al arzobispado para intentar
conmover a las autoridades eclesiásticas de la época.
Durruty manifestó que resulta "notoria la
ausencia de respuestas, la nula referencia a gestión alguna en pos de investigar
los gravísimos hechos que numerosas familias denunciaban". Se abren muchos
interrogantes: ¿Cuál es la postura actual de la iglesia rosarina? Acompañan
desgarradoras cartas de familias en la búsqueda de integrantes desaparecidos que
creían vivos. La desesperación de las misivas es desgarradora. El silencio de la
iglesia es simplemente aterrador".
Párrafo aparte merece la encendida defensa
del procesado capellán de la policía de Feced, Eugenio Zitelli, que realizara en
1984 el ex arzobispo Jorge Manuel López, no condena los hechos denunciados sino
a los denunciantes por "atentar contra la reconciliación
nacional".
También se acompaña un descargo que el
imputado acompañara a sus jefes eclesiásticos donde niega haber "participado, ni
conocido ningún acto que pueda ser repudiable en cuanto a violación de la
libertad de las personas o haber visto procedimientos como
torturas"
La iglesia no explica por qué descarta sin
más las numerosas denuncias contra el ex capellán, la defensa de López en 1984
no dista en mucho de la que ensayara el párroco de la catedral, Raul Giménez más
de dos décadas después.
En este sentido Durruty opinó que "ambas
lógicas coinciden con la estrategia defensista que ensayaron durante años los
perpetradores negando los hechos. Ese manto de duda ha sido desgarrado con la
sentencia de la causa Díaz Bessone, es por ello que ya no pueden admitirse más
dilaciones ni más silencios por parte de instituciones como la iglesia que
sabemos participó activamente en la represión, hecho recientemente corroborado
por otro procesado de la causa Feced, Jorge Rafael Videla.
Ambas defensas resultan inadmisibles,
máxime conociendo el caudal de información que la iglesia manejó desde el día
cero en relación a las víctimas del plan sistemático, agregó la abogada de
Familiares Jesica Pellegrini.
También se incluyen en la documentación
diversos petitorios presentados por Familiares de desaparecidos y detenidos por
razones políticas. Como una presentada en marzo de 1978 ante el Comando del
Segundo Cuerpo y la misma iglesia, en la que se incluía además una lista de
personas desaparecidas, y que chocó contra el muro de silencio impuesto por
ambas instituciones. Entre ellas se cuenta una carta enviada al arzobispo
Guillermo Bolatti: "Que paguen sus culpas los pecadores rodeados de la más
amplia garantía de justicia, que aparezcan de una vez por todas los miles de
ciudadanos desaparecidos, que sean puestos en libertad los que no cometieron
delito alguno, que no sean maltratados en ningún momento los presos tal como lo
exige nuestra tradición cristiana. Mientras ello no ocurra así, esas
determinaciones y posturas de los hombres se convierten en caldo de cultivo de
odios y venganzas de otros hombres, y se convierte en un círculo vicioso que
solo aporta destrucción material y fundamentalmente espiritual. Por todo ello es
que a usted también lo invitamos, con todo nuestro respeto, a que nos apoye en
esta cruzada de guerra al odio, para que todos luchemos por la afirmación y
consolidación de la Paz y la Justicia. Los católicos que firmamos estas líneas,
sabemos que nuestro pastor no puede estar ausente".
Elida Luna, actual presidenta de la misma
organización manifestó a Rosario/12 que "asomarse nuevamente a aquellos
momentos, volver a leer nuestros pedidos nos conmueve infinitamente, nos trae el
recuerdo de luchadores que ya no están y nos dan más fuerza para continuar en la
búsqueda de los datos que la iglesia seguramente aun oculta.
Cabe recordar además que durante el juicio
Díaz Bessone, se sucedieron numerosos testimonios que dan cuenta del rol que
cumplió la iglesia durante la dictadura, como es el caso de Francisco y María
Inés Oyarzábal, hermanos de José Oyarzábal, y Marcelo Márquez, hermano de
Cristina, masacrados en Los Surgentes, quienes dieron cuenta del rol que el
Padre García cumplió en la época de los hechos, por ejemplo al indicarles a las
familia que "agregaran un plato para la Navidad porque sus familiares se
presentarían a cenar".
Peti Luna está convencida que la Iglesia
tiene mucha documental para mostrar: "Seguro registró datos del desarrollo del
plan sistemático de represión ilegal, estos datos eran elevados por los
vicariatos a cada obispado según jurisdicción, y desde cada obispo a la
conferencia episcopal, quienes resguardan una copia, y otra se envió siempre a
la sede del Vaticano a una oficina específicamente creada. El Vaticano guarda
detalles del destino de nuestros familiares durante la dictadura eclesiástica
cívico militar".
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